Lo primero que debería aclararnos Doña Gilma es si en la visión de mundo que justifica la ley los Violadores de niños son considerados delincuentes o enfermos mentales, es decir si en sus actos son consientes de que hay una transgresión a la ley y un daño causado a una víctima. El sentido común nos dice que las cárceles están hechas para los primeros y las clínicas para los segundos.
Si partimos de que los Violadores de niños, aclaro que en ningún momento trato de minimizar la crueldad ni la gravedad de esas conductas, son como plantea la Senadora, unos enfermos mentales irrecuperables para la sociedad porque una vez redimida su pena van a salir a incurrir en las mismas conductas, no sólo es procedimentalmente errado sino hasta inhumano recluir a los enfermos en cárceles. Lo que se plantea es que su condición es distinta a la de los demás ciudadanos, porque sus actuaciones están más allá de lo que consideramos humano, y por tanto los derechos que le garantizamos a toda la sociedad no les deben ser reconocidos; la única justificación legal para que sean tratados de manera diferencial, sería esa condición de enfermedad mental, y en esa medida, si para efectos de la protección de derechos son considerados enfermos, para las consecuencias de sus actos deben serlo también, luego el tratamiento que les debe dar el Estado debe ser el que se le da a un enfermo mental, no el que se le da a un delincuente.
El segundo escenario posible es que los consideremos delincuentes, en este caso los impedimentos para que se lleve a cabo el referendo más que lógicos o filosóficos son de índole jurídica. en efecto la constitución prohíbe las penas que no pueden ser redimibles, pero no es sólo la constitución sino también los tratados internacionales firmados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir que el destino cantado de tan sonado referendo no puede ser otro que el ser declarado inconstitucional por la Corte.
Es comprensible que alguien que nunca en su vida ha tenido nada que ver con el proceso legislativo apoye el referendo, lo que no es comprensible es que una Senadora de la República, que además fue concejal, base todo su trabajo político en una propuesta que desde la óptica que se le mire no sólo es inviable constitucionalmente sino que vuelve a nociones de justicia y de humanidad propias del código de Hammurabi.
Si lo que le interesara a Gilma, más que conseguir protagonismo en los medios y figuración a nombre propio fuese en efecto el bienestar de los niños, debería empezar por pensar en que sus propuestas sean viables y no tiros al aire para conseguir atención. Valerse, por ejemplo del caso Garavito para publicitar la iniciativa es también jugar con la opinión pública, pues en ningún caso una ley posterior a la comisión del delito podría ser aplicada a quien lo cometiera; ese, como bien saben los abogados, es uno de los principios básicos de la democracia: el que los ciudadanos sólo puedan ser juzgados bajo el ordenamiento vigente, y que las nuevas leyes que sean aprobadas sólo apliquen en caso de que le sean favorables al procesado.
Una simple reforma que haga que quienes comentan delitos cuyas víctimas sean menores de edad no puedan ser sujetos de ningún tipo de rebajas de penas sería, con mucho, más útil y más viable, pero mucho menos taquillera y difícil de acreditar a nombre propio. Confunde y reinaras dice el adagio popular.
Si partimos de que los Violadores de niños, aclaro que en ningún momento trato de minimizar la crueldad ni la gravedad de esas conductas, son como plantea la Senadora, unos enfermos mentales irrecuperables para la sociedad porque una vez redimida su pena van a salir a incurrir en las mismas conductas, no sólo es procedimentalmente errado sino hasta inhumano recluir a los enfermos en cárceles. Lo que se plantea es que su condición es distinta a la de los demás ciudadanos, porque sus actuaciones están más allá de lo que consideramos humano, y por tanto los derechos que le garantizamos a toda la sociedad no les deben ser reconocidos; la única justificación legal para que sean tratados de manera diferencial, sería esa condición de enfermedad mental, y en esa medida, si para efectos de la protección de derechos son considerados enfermos, para las consecuencias de sus actos deben serlo también, luego el tratamiento que les debe dar el Estado debe ser el que se le da a un enfermo mental, no el que se le da a un delincuente.
El segundo escenario posible es que los consideremos delincuentes, en este caso los impedimentos para que se lleve a cabo el referendo más que lógicos o filosóficos son de índole jurídica. en efecto la constitución prohíbe las penas que no pueden ser redimibles, pero no es sólo la constitución sino también los tratados internacionales firmados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir que el destino cantado de tan sonado referendo no puede ser otro que el ser declarado inconstitucional por la Corte.
Es comprensible que alguien que nunca en su vida ha tenido nada que ver con el proceso legislativo apoye el referendo, lo que no es comprensible es que una Senadora de la República, que además fue concejal, base todo su trabajo político en una propuesta que desde la óptica que se le mire no sólo es inviable constitucionalmente sino que vuelve a nociones de justicia y de humanidad propias del código de Hammurabi.
Si lo que le interesara a Gilma, más que conseguir protagonismo en los medios y figuración a nombre propio fuese en efecto el bienestar de los niños, debería empezar por pensar en que sus propuestas sean viables y no tiros al aire para conseguir atención. Valerse, por ejemplo del caso Garavito para publicitar la iniciativa es también jugar con la opinión pública, pues en ningún caso una ley posterior a la comisión del delito podría ser aplicada a quien lo cometiera; ese, como bien saben los abogados, es uno de los principios básicos de la democracia: el que los ciudadanos sólo puedan ser juzgados bajo el ordenamiento vigente, y que las nuevas leyes que sean aprobadas sólo apliquen en caso de que le sean favorables al procesado.
Una simple reforma que haga que quienes comentan delitos cuyas víctimas sean menores de edad no puedan ser sujetos de ningún tipo de rebajas de penas sería, con mucho, más útil y más viable, pero mucho menos taquillera y difícil de acreditar a nombre propio. Confunde y reinaras dice el adagio popular.
