pero al fin... ¿quién mató a Mamatoco?

El problema con la retórica de los culebreros es que dicen tantas cosas y tan rápido que logran que uno piense que están relacionadas.

Me contó alguna vez un amigo que en tiempos en que Laureano Gómez era senador y López Pumarejo Presidente, había también un boxeador mediocre que editaba un pasquín crítico del Gobierno, un día el improvisado editor apareció muerto en extrañas circunstancias, y tanto los periódicos de raigambre conservadora como el mismo senador Gómez se encargaron de llevar a la gente la tan sonada pregunta “¿quién mato a mamatoco?”. El senador empleó en algún debate una maniobra bastante “Uribesca”, convocó a un control político al presidente (en tiempos en que los debates del congreso se transmitían por radio) y cada tanto decía frases como… no hay duda del trabajo en (…) del doctor López, pero en el aire queda una pregunta, ¿quién mató a mamatoco?, y el presidente López. Nos dice… . En efecto luego de terminar el debate todo el partido conservador, y sus seguidores, estaban convencidos de que la extraña muerte de mamatoco había sido obra de la presidencia.

Así mismo, setenta y ocho años después trata, ya no la oposición, sino el mismo gobierno de meternos un gol retórico de increíbles proporciones, en su incursión el periodismo como moderador de un improvisado talk show en defensa del ministro Palacio el presidente nos presentó un elaborado argumento en contra de la corte suprema, que para que entendamos con calma partiré en dos, en primer lugar nos pregunta “¿por qué la sala penal de la Corte es tan diligente para investigar a algunos congresistas vinculados con paramilitares y no lo es tanto en el tema de las FARC?”. El cuestionamiento de fondo parecería ser que la Corte tiene, en alguna medida vínculos con las FARC o es proclive a ellas.

Sin embargo luego introduce la segunda parte del brillante argumento, “compatriotas, hagamos memoria, Salvatore Mancuso aseguró una vez que los paramilitares habían elegido el 30 por ciento del congreso… hace no mucho, dijo que tenían infiltrada la Corte, por qué no ha investigado eso?. En esta segunda parte comete un error y nos induce de nuevo a una conclusión que debería por lo menos despertar dudas respecto del papel de la corte. En primer lugar acusa a la corte por no investigar la infiltración paramilitar que aseguró haber logrado Mancuso, llama la atención que todo un doctor en leyes no sepa que la Corte no se investiga a si misma, sino que su juez constitucional es el congreso, que dada su mayoría uribista no debería tener mayor reparo en hacerlo. Y en segundo lugar nos induce a pensar que así como Mancuso habló de infiltración en el congreso y se pudo probar que era cierto debe serlo también la supuesta infiltración de la Corte.

Lo paradójico es que siguiendo las dos partes del discurso del presidente se llega a la brillante conclusión de la que hablé antes, Mancuso y los paras lograron infiltrar la corte, y con ello lograron que no se investigaran los nexos de la guerrilla con algunos políticos sino que además se investigara y condenara a los aliados de los paramilitares. Si la lógica de José Obdulio funciona, Mancuso y los paramilitares son, sin lugar a dudas unos imbeciles, o tienen intereses que a las inteligencias no superiores se nos escapan de la imaginación.

Pero no sólo a este evento se limita la sofística presidencial, que ahora ha decidido vender el sofá ante la infidelidad de Yidis. Nos dice la Corte que se debería revisar la constitucionalidad de un acto legislativo, que por derivarse de un acto delictuoso debe ser por lo menos ilegítima, pero el notable culebrero nos dice que entonces convocará a un referendo para revalidar su victoria en las elecciones presidenciales de 2006, lo que no le han dicho a este doctor en derecho es que lo que se está cuestionando no es la votación, que la duda no está en como se consiguieron ni en como se contaron los votos, cosa distinta sería y el señor Misael Pastrana hubiera dicho lo mismo, sino en la validez de su postulación a la presidencia, es decir que la única forma de enmendar ese desliz de legitimidad derivado de la Yidispolítica sería, en efecto, repetir las elecciones pero sin que él se presentara como candidato (que es lo que le están cuestionando señor presidente).

Será que con el anticipado referendo refrendatorio lo que buscan es anticipar la re-reelección.

Nota: El cachaco se disculpa por la tardanza de esta entrada, pero con el vértigo de la actualidad del país cada vez que me sentaba a escribir sobre algo ya había una nueva noticia aún más complicada.

No me crean tan... Notable!!!

Es, por decir lo menos, escandaloso que el gobierno y su bancada hayan hundido la reforma política. Es de recordar que antes de introducir la silla vacía era el gobierno quien proponía la reforma y alegaba que las costumbres y reglas de la política colombiana debían ser modificadas, poco faltó en ese momento para calificar de urgente el proyecto, y de apátridas y clientelistas a sus detractores. Irónico, que con la parapolítica, la introducción de la silla vacía y la eliminación del aumento del umbral, la percepción del gobierno cambiara, más que en pro de los “intereses superiores de la patria” como nos quiere hacer creer el presidente[*] en defensa de unas mayorías ilegítimas que, como bien dijo en uno de sus pocos momentos de vigilia el ministro del interior, garantizan la gobernabilidad (gran aporte de los paramilitares en el proceso de paz).

Desconcierta también la poco notable comisión que nombra el gobierno para sortear la crisis, sobre todo porque en este país los notables nombrados a dedo siempre suelen ser especialmente independientes de los sectores no afines a quienes las nombran y poco de quienes lo hacen. Pero más allá de la independencia de la comisión y del posible influjo sobre ella de las preferencias palaciegas, es también muy diciente lo poco notables que son sus miembros y lo poco representativa que es,

Hay dos nombres que me despiertan especial suspicacia, tal vez debido a mi poco entendimiento del diseño institucional y de la complejidad de nuestra sociedad, no comprendo qué pueden aportar a una comisión nombrada para llevar a cabo una maniobra desesperada para legitimar lo ilegitimable.

En primer lugar encontramos al notabilísimo Hugo Palacio Mejía, tal vez por la corta edad de este cachaco es que nunca lo había oído mencionar, pero no creo que mi conocimiento o no de las personas las haga menos aptas para la comisión de notables. La suspicacia nace más bien de su trayectoria, muy afín a las necesidades que plantea la reforma. Quién mejor que un ex ministro de Hacienda y ex gerente del Banco de la República para diseñar las instituciones y reglas de juego políticas que regirán un país.

Pero si es desconcertante lo del ex ministro de Hacienda no lo es menos el nombramiento para la misma comisión de la ex senadora Vivian Morales, tal vez nombrada con la intención se hacer parecer que los sectores liberales estarían representados en la comisión, de ella sólo tengo referencia por una entrevista de José Gabriel Ortiz cuando era candidata a las pasadas elecciones parlamentarias, y el leve recuerdo de que fue senadora alguna vez, que fue ponente de la ley de cuotas y que tuvo parte activa en la defensa de los representantes sindicados por la votación en la que el caso de Samper fue precluido. Es también prudente mencionar que tiene o tuvo en algún momento un gran poder de convocatoria entre la comunidad evangélica. Casualmente uno de los grupos que mayor disciplina tienen al mezclar religión con política y que han apoyado constantemente al presidente en sus campañas.

Lo de Humberto de la Calle no es extraño, muy notable él, ha sido gobiernista de profesión, es decir que no se le recuerda, salvo por la época de Samper en que a excepción del gobierno nadie apoyaba al presidente, haber hecho oposición alguna vez. Hay otros tres personajes, ex magistrados los tres, con sendos títulos en derecho y carreras exitosas en la rama judicial, que pueden aportar todo su conocimiento en seguros (Especialidad de Jaramillo) y títulos valores (la de Noguera Calderón), de doña Doli prefiero no hablar, no conozco absolutamente nada.

Y de Montealegre…, bueno que de Montealegre hable Hinestrosa que fue quien según cuentan los pasillos del Externado, le “sugirió” renunciar a la Corte Constitucional, yo sólo desconfío de su apoyo irrestricto desde lo jurídico a cuanta política derivada de la voluntad de José Obdulio y del doctor ternura sale de palacio.

Lo que causa mayor extrañeza es que una comisión de alto nivel, en teoría académica, para la reforma del las instituciones políticas no haya nadie que dedique su vida a estudiar este tipo de reglas y las prácticas que hay alrededor de ellas, sería bueno que la notabilisima comisión se asesorara de los departamentos de ciencia política, de organismos como congreso visible e incluso de Claudia López quien en seis meses descubrió lo que a la fiscalía y a la corte les ha tomado ya por lo menos año y medio.

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[*] Pido disculpas a Cesar Mauricio y su manual de redacción, pero nos dice la Real Academia que los cargos, sin importar su majestad se escriben, con minúscula inicial.

Hágase tu voluntad

Todo parece indicar que la renuncia de Vargas Lleras fue en vano, que a Juan Manuel le tocará mostrar positivos otros seis años y que el presidente esperará paciente a que su sucesor Andrés Felipe tenga la edad para poder asumir la presidencia.
La reelección depende, en últimas únicamente de la voluntad de Uribe. Todo el debate no pasa de ser un simple accesorio, sabemos que hay dos formas posibles de conseguir el cambio constitucional que permita que el presidente acceda a un tercer periodo de gobierno, en las dos el proceso está prácticamente blindado, y sobra decir que una vez en el partidor es claro que no hay quien pueda competir con él electoralmente.
Pero la consecución de las circunstancias propicias no ha sido una cuestión de un día, ha obedecido tanto a movidas políticas inteligentes desde el ejecutivo como a la permisividad que hubo con la forma en que la primera reelección violentó el diseño institucional colombiano. En el primer escenario la reforma constitucional se tramitaría vía congreso, como cualquier reforma de esta naturaleza su trámite estaría sujeto a la obtención de mayorías cualificadas en los ocho debates; la única posibilidad que habría, entonces, de hundirla sería cambiar el balance de fuerzas en el congreso, este cambio sería la consecuencia necesaria de un proyecto serio de purga de la penetración paramilitar en el legislativo (una reforma política que incluya la silla vacía a partir del momento de la perdida de la libertad del indiciado), sin embargo como ha demostrado el gobierno en sus actuaciones de las últimas semanas en su concepto es más importante conservar este tipo de mayorías ilegítimas que conseguir un congreso libre de la influencia paramilitar.
En este escenario el proyecto ley aprobado por el congreso debe ser sometido al examen de la Corte Constitucional, si bien en la sentencia en que se aprobaba la primera reforma de esta naturaleza el texto fue explícito en que la reelección debía ser únicamente por un periodo constitucional de gobierno; y el trámite arrojó una decisión cerrada (cinco votos a favor y cuatro salvamentos, y el nombramiento del padre de uno de los magistrados en la embajada en Francia, que no se alcanzó a concretar) es preciso decir que para el momento en que dicho proyecto llegara a la corte, el gobierno y su bancada en el congreso ya habrán nombrado a ocho de los nueve magistrados de la misma, y por tanto es mucho más probable que magistrados puestos desde el uribismo se muestren proclives a las políticas de convencimiento del gobierno, y por tanto certifiquen la constitucionalidad de la reforma.
En el otro escenario se requiere que el pueblo mismo exija el referendo para modificar de nuevo el artículo constitucional ya modificado con anterioridad. Esta iniciativa, que ya inició trámite requeriría de la convocatoria a referendo de al menos la quinta parte del censo electoral mediante firmas, y su aprobación por al menos la cuarta parte de éste, así como el trámite en el congreso, para el que la mayoría simple es suficiente y de nuevo el examen de constitucionalidad. Acá vemos que con claridad ninguno de estos dos últimos trámites tendría, como he mostrado anteriormente ningún tipo de impedimento que un poco del poder de convicción del gobierno no pueda salvar, por lo tanto los obstáculos se darían a nivel de la recolección de firmas y la votación del referendo.
Como se puede ver la labor de recolección de firmas ya se inició, y según parece, con la gran financiación de la que han dado cuenta los medios, no habrá a este nivel ningún contratiempo; en el momento de la votación sin embargo las cosas parecerían ser a otro precio. Ya con el primer referendo convocado por el gobierno hace unos años pudimos ver que las altas cifras de popularidad del presidente no son garantía de que sus propuestas pasen automáticamente la aprobación del electorado, sin embargo el gobierno se ha encargado de imponer una nueva lógica a las relaciones políticas que podría generar las condiciones propicias para la aprobación de la reforma constitucional.
La sofisticación, o simplificación según el caso, de los mecanismos de intercambio de votos por beneficios directos para el votante que ha propiciado el gobierno a través de programas como Agro Ingreso Seguro y Familias en acción podría generar la masa crítica que se necesita que dicha reforma sea aprobada.
En Familias en acción vemos el mejor ejemplo de cómo el gobierno ofrece subsidios directos y en efectivo a las familias dentro de un marco de condiciones no del todo estricto, y es esperable que dado que una de las condiciones que se planea implantar para profundizar el programa, es la inscripción de la cedula en un puesto electoral, así mismo, pero fuera de la formalidad se “incentive la creencia” de que la continuidad del subsidio está sujeta a la permanencia en el poder del presidente.
Pero así como se simplifica el intercambio en al caso de familias en acción, incrementando la posibilidades de que se reconozca quien es el generador del subsidio, también se generan mecanismos para integrar a las élites locales y fortalecer la presencia regional de los colaboradores del gobierno, Agro Ingreso Seguro es el mejor ejemplo de ello. Con una bolsa de 5.5 billones de pesos, la distribución de la misma a través del ministerio de Agricultura, y la focalización por parte de la SAC, Fedegan y Fenavi, se plantea una doble lógica de subsidios, que si bien busca, en teoría, mejorar la competitividad del agro no propende por modernizar las relaciones productivas ni los procesos agrarios de los pequeños productores, sino que por el contrario parece premiar a algunos gremios, como los arroceros o los palmicultores, especialmente afines al gobierno.
Es claro que el influjo de la innegable capacidad de convencer del gobierno en los cerca de nueve millones de beneficiarios de estos dos programas de distribución de subsidios generará suficientes votantes para los dos escenarios electorales que requiere la reelección, referendo y elecciones presidenciales, y que por tanto la voluntad del ubérrimo es la única que puede evitar que habite el palacio de Nariño otros cuatro años. Esperemos, por el bien de las instituciones y el balance de poderes, que Doña Lina se haya cansado ya de palacio y que Tomas y Jerónimo quieran recobrar su privacidad.