Todo parece indicar que la renuncia de Vargas Lleras fue en vano, que a Juan Manuel le tocará mostrar positivos otros seis años y que el presidente esperará paciente a que su sucesor Andrés Felipe tenga la edad para poder asumir la presidencia.
La reelección depende, en últimas únicamente de la voluntad de Uribe. Todo el debate no pasa de ser un simple accesorio, sabemos que hay dos formas posibles de conseguir el cambio constitucional que permita que el presidente acceda a un tercer periodo de gobierno, en las dos el proceso está prácticamente blindado, y sobra decir que una vez en el partidor es claro que no hay quien pueda competir con él electoralmente.
Pero la consecución de las circunstancias propicias no ha sido una cuestión de un día, ha obedecido tanto a movidas políticas inteligentes desde el ejecutivo como a la permisividad que hubo con la forma en que la primera reelección violentó el diseño institucional colombiano. En el primer escenario la reforma constitucional se tramitaría vía congreso, como cualquier reforma de esta naturaleza su trámite estaría sujeto a la obtención de mayorías cualificadas en los ocho debates; la única posibilidad que habría, entonces, de hundirla sería cambiar el balance de fuerzas en el congreso, este cambio sería la consecuencia necesaria de un proyecto serio de purga de la penetración paramilitar en el legislativo (una reforma política que incluya la silla vacía a partir del momento de la perdida de la libertad del indiciado), sin embargo como ha demostrado el gobierno en sus actuaciones de las últimas semanas en su concepto es más importante conservar este tipo de mayorías ilegítimas que conseguir un congreso libre de la influencia paramilitar.
En este escenario el proyecto ley aprobado por el congreso debe ser sometido al examen de la Corte Constitucional, si bien en la sentencia en que se aprobaba la primera reforma de esta naturaleza el texto fue explícito en que la reelección debía ser únicamente por un periodo constitucional de gobierno; y el trámite arrojó una decisión cerrada (cinco votos a favor y cuatro salvamentos, y el nombramiento del padre de uno de los magistrados en la embajada en Francia, que no se alcanzó a concretar) es preciso decir que para el momento en que dicho proyecto llegara a la corte, el gobierno y su bancada en el congreso ya habrán nombrado a ocho de los nueve magistrados de la misma, y por tanto es mucho más probable que magistrados puestos desde el uribismo se muestren proclives a las políticas de convencimiento del gobierno, y por tanto certifiquen la constitucionalidad de la reforma.
En el otro escenario se requiere que el pueblo mismo exija el referendo para modificar de nuevo el artículo constitucional ya modificado con anterioridad. Esta iniciativa, que ya inició trámite requeriría de la convocatoria a referendo de al menos la quinta parte del censo electoral mediante firmas, y su aprobación por al menos la cuarta parte de éste, así como el trámite en el congreso, para el que la mayoría simple es suficiente y de nuevo el examen de constitucionalidad. Acá vemos que con claridad ninguno de estos dos últimos trámites tendría, como he mostrado anteriormente ningún tipo de impedimento que un poco del poder de convicción del gobierno no pueda salvar, por lo tanto los obstáculos se darían a nivel de la recolección de firmas y la votación del referendo.
Como se puede ver la labor de recolección de firmas ya se inició, y según parece, con la gran financiación de la que han dado cuenta los medios, no habrá a este nivel ningún contratiempo; en el momento de la votación sin embargo las cosas parecerían ser a otro precio. Ya con el primer referendo convocado por el gobierno hace unos años pudimos ver que las altas cifras de popularidad del presidente no son garantía de que sus propuestas pasen automáticamente la aprobación del electorado, sin embargo el gobierno se ha encargado de imponer una nueva lógica a las relaciones políticas que podría generar las condiciones propicias para la aprobación de la reforma constitucional.
La sofisticación, o simplificación según el caso, de los mecanismos de intercambio de votos por beneficios directos para el votante que ha propiciado el gobierno a través de programas como Agro Ingreso Seguro y Familias en acción podría generar la masa crítica que se necesita que dicha reforma sea aprobada.
En Familias en acción vemos el mejor ejemplo de cómo el gobierno ofrece subsidios directos y en efectivo a las familias dentro de un marco de condiciones no del todo estricto, y es esperable que dado que una de las condiciones que se planea implantar para profundizar el programa, es la inscripción de la cedula en un puesto electoral, así mismo, pero fuera de la formalidad se “incentive la creencia” de que la continuidad del subsidio está sujeta a la permanencia en el poder del presidente.
Pero así como se simplifica el intercambio en al caso de familias en acción, incrementando la posibilidades de que se reconozca quien es el generador del subsidio, también se generan mecanismos para integrar a las élites locales y fortalecer la presencia regional de los colaboradores del gobierno, Agro Ingreso Seguro es el mejor ejemplo de ello. Con una bolsa de 5.5 billones de pesos, la distribución de la misma a través del ministerio de Agricultura, y la focalización por parte de la SAC, Fedegan y Fenavi, se plantea una doble lógica de subsidios, que si bien busca, en teoría, mejorar la competitividad del agro no propende por modernizar las relaciones productivas ni los procesos agrarios de los pequeños productores, sino que por el contrario parece premiar a algunos gremios, como los arroceros o los palmicultores, especialmente afines al gobierno.
Es claro que el influjo de la innegable capacidad de convencer del gobierno en los cerca de nueve millones de beneficiarios de estos dos programas de distribución de subsidios generará suficientes votantes para los dos escenarios electorales que requiere la reelección, referendo y elecciones presidenciales, y que por tanto la voluntad del ubérrimo es la única que puede evitar que habite el palacio de Nariño otros cuatro años. Esperemos, por el bien de las instituciones y el balance de poderes, que Doña Lina se haya cansado ya de palacio y que Tomas y Jerónimo quieran recobrar su privacidad.
La reelección depende, en últimas únicamente de la voluntad de Uribe. Todo el debate no pasa de ser un simple accesorio, sabemos que hay dos formas posibles de conseguir el cambio constitucional que permita que el presidente acceda a un tercer periodo de gobierno, en las dos el proceso está prácticamente blindado, y sobra decir que una vez en el partidor es claro que no hay quien pueda competir con él electoralmente.
Pero la consecución de las circunstancias propicias no ha sido una cuestión de un día, ha obedecido tanto a movidas políticas inteligentes desde el ejecutivo como a la permisividad que hubo con la forma en que la primera reelección violentó el diseño institucional colombiano. En el primer escenario la reforma constitucional se tramitaría vía congreso, como cualquier reforma de esta naturaleza su trámite estaría sujeto a la obtención de mayorías cualificadas en los ocho debates; la única posibilidad que habría, entonces, de hundirla sería cambiar el balance de fuerzas en el congreso, este cambio sería la consecuencia necesaria de un proyecto serio de purga de la penetración paramilitar en el legislativo (una reforma política que incluya la silla vacía a partir del momento de la perdida de la libertad del indiciado), sin embargo como ha demostrado el gobierno en sus actuaciones de las últimas semanas en su concepto es más importante conservar este tipo de mayorías ilegítimas que conseguir un congreso libre de la influencia paramilitar.
En este escenario el proyecto ley aprobado por el congreso debe ser sometido al examen de la Corte Constitucional, si bien en la sentencia en que se aprobaba la primera reforma de esta naturaleza el texto fue explícito en que la reelección debía ser únicamente por un periodo constitucional de gobierno; y el trámite arrojó una decisión cerrada (cinco votos a favor y cuatro salvamentos, y el nombramiento del padre de uno de los magistrados en la embajada en Francia, que no se alcanzó a concretar) es preciso decir que para el momento en que dicho proyecto llegara a la corte, el gobierno y su bancada en el congreso ya habrán nombrado a ocho de los nueve magistrados de la misma, y por tanto es mucho más probable que magistrados puestos desde el uribismo se muestren proclives a las políticas de convencimiento del gobierno, y por tanto certifiquen la constitucionalidad de la reforma.
En el otro escenario se requiere que el pueblo mismo exija el referendo para modificar de nuevo el artículo constitucional ya modificado con anterioridad. Esta iniciativa, que ya inició trámite requeriría de la convocatoria a referendo de al menos la quinta parte del censo electoral mediante firmas, y su aprobación por al menos la cuarta parte de éste, así como el trámite en el congreso, para el que la mayoría simple es suficiente y de nuevo el examen de constitucionalidad. Acá vemos que con claridad ninguno de estos dos últimos trámites tendría, como he mostrado anteriormente ningún tipo de impedimento que un poco del poder de convicción del gobierno no pueda salvar, por lo tanto los obstáculos se darían a nivel de la recolección de firmas y la votación del referendo.
Como se puede ver la labor de recolección de firmas ya se inició, y según parece, con la gran financiación de la que han dado cuenta los medios, no habrá a este nivel ningún contratiempo; en el momento de la votación sin embargo las cosas parecerían ser a otro precio. Ya con el primer referendo convocado por el gobierno hace unos años pudimos ver que las altas cifras de popularidad del presidente no son garantía de que sus propuestas pasen automáticamente la aprobación del electorado, sin embargo el gobierno se ha encargado de imponer una nueva lógica a las relaciones políticas que podría generar las condiciones propicias para la aprobación de la reforma constitucional.
La sofisticación, o simplificación según el caso, de los mecanismos de intercambio de votos por beneficios directos para el votante que ha propiciado el gobierno a través de programas como Agro Ingreso Seguro y Familias en acción podría generar la masa crítica que se necesita que dicha reforma sea aprobada.
En Familias en acción vemos el mejor ejemplo de cómo el gobierno ofrece subsidios directos y en efectivo a las familias dentro de un marco de condiciones no del todo estricto, y es esperable que dado que una de las condiciones que se planea implantar para profundizar el programa, es la inscripción de la cedula en un puesto electoral, así mismo, pero fuera de la formalidad se “incentive la creencia” de que la continuidad del subsidio está sujeta a la permanencia en el poder del presidente.
Pero así como se simplifica el intercambio en al caso de familias en acción, incrementando la posibilidades de que se reconozca quien es el generador del subsidio, también se generan mecanismos para integrar a las élites locales y fortalecer la presencia regional de los colaboradores del gobierno, Agro Ingreso Seguro es el mejor ejemplo de ello. Con una bolsa de 5.5 billones de pesos, la distribución de la misma a través del ministerio de Agricultura, y la focalización por parte de la SAC, Fedegan y Fenavi, se plantea una doble lógica de subsidios, que si bien busca, en teoría, mejorar la competitividad del agro no propende por modernizar las relaciones productivas ni los procesos agrarios de los pequeños productores, sino que por el contrario parece premiar a algunos gremios, como los arroceros o los palmicultores, especialmente afines al gobierno.
Es claro que el influjo de la innegable capacidad de convencer del gobierno en los cerca de nueve millones de beneficiarios de estos dos programas de distribución de subsidios generará suficientes votantes para los dos escenarios electorales que requiere la reelección, referendo y elecciones presidenciales, y que por tanto la voluntad del ubérrimo es la única que puede evitar que habite el palacio de Nariño otros cuatro años. Esperemos, por el bien de las instituciones y el balance de poderes, que Doña Lina se haya cansado ya de palacio y que Tomas y Jerónimo quieran recobrar su privacidad.
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